Al constituirse  los Estados Modernos, hubo la necesidad de poner freno a tantos abusos que cometían los piratas que ocupaban los mares.

Así, en el siglo XIV se estableció el Consejo de los Hombres Honrados que tasaban el daño sufrido y autorizaban a los barcos que habían sido víctimas a ir armados para ejercer represalias hasta resarcirse del daño.

La autorización se llamaba “carta de la marca”, que no dejaba de ser una suerte de título que distinguía al armador autorizado. A las naves autorizadas se las llamaba corsarios y a la guerra autorizada guerra en Corso.

De conformidad con lo anterior, el Corso fue una guerra privada hecha con la autorización del gobierno, pero en el siglo XVIII, las guerras marítimas, que tenían por objeto destruir el comercio del enemigo, admitieron como regla que el beligerante podía apoderarse de la propiedad del enemigo, aunque se hallaré a bordo de buques neutrales, y se asociaron con los corsarios. Estos se convirtieron en un elemento de fuerza pública de los Estados y fueron alentados a cometer las más arriesgadas empresas a cambio de repartir con el gobierno las presas hechas durante la guerra.

Para la concesión del Corso se tenía que prestar un depósito o fianza y someter las capturas a los Tribunales constituidos al efecto.

La Declaración de París de 1856, consecuencia de la guerra de Crimea, abolió el Corso.

Aquella declaración fue aceptada y suscrita por 41 Estados, negándose  tres países:

-Estados Unidos

-España 

-México.

Estos no lo aceptaron y suscribieron hasta principios del siglo XX.

Fuente, “El Oriente de Asturias”

Imagen, original IA