Desde que el pasado 28 de febrero se aprobaran los planes de ordenación marítima, que es el paso previo para las licitaciones de los  proyectos de la eólica marina en nuestros mares, el sector pesquero viene planificando su estrategia para combatir ese decreto, que de seguir adelante sería puntilla para su actividad.

Esa estrategía, que combina la vía política y la jurídica, pretende que se dé marcha atrás en el plan y que se empiece de cero, ya que sin  informes socioeconómicos y de impacto medioambiental, no se puede establecer ningún espacio para ninguna industria.

En cuanto a la estrategia jurídica se está preparando un informe, que acompañará al recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo, el cual deberán presentar antes del próximo  4 de mayo, que será cuando se cumplan dos meses de la publicación de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) en el BOE.

Uno de los dos sólidos argumentos que se alegarán es el Principio de Precaución, recogido en el art. 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es un enfoque de la gestión de riesgo, según el cual, en caso de que una determinada política o acción pudiera causar daño a las personas o al medio ambiente y no existiera consenso científico al respecto, la política o acción debería abandonarse, pudiendo revisarse cuando se disponga de nueva información científica. El otro argumento es el respeto a los ecosistemas.

Además, los pescadores no se arrugan y afirman que de seguir adelante los POEMS cualquier norma que los desarrolle se impugnará antes los Tribunales.

Imagen, Valentín Orejas